Los partidos constitucionalistas han solicitado la mediación de la Comisión Europea para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Existe preocupación por el precedente peligroso que esto podría establecer, ya que la Comisión Europea no tiene las facultades suficientes y el control constitucional corresponde al Tribunal Constitucional español. Se espera conocer la opinión de la Comisión Europea y si sugieren un modelo similar al alemán o belga para la renovación del CGPJ. También se plantea la posibilidad de aproximarse al modelo alemán de justicia federal, desplazando así las funciones del CGPJ.
La externalización de la política y las instituciones constitucionales de España sería una opción planteada por los partidos. Esto podría tener implicaciones en la construcción política de Europa, ya que no todos los Estados miembros estarían dispuestos a aceptar la intervención de la Comisión en asuntos soberanos. En el pasado, España ha externalizado sus incapacidades en temas como la monarquía, con ejemplos como Amadeo I de Saboya y los Borbones.
Es posible que esta decisión sea parte de una estrategia para debilitar a los oponentes políticos de Pedro Sánchez. Los jueces han permanecido callados ante la invasión de los tres poderes por parte del ejecutivo, lo cual genera críticas. Después de la cena de Nochebuena, las tensiones familiares pueden afectar la discusión política y la toma de decisiones.
Ante este panorama, se sugiere que la UE impulse la figura de un mediador para la Nochebuena, con la esperanza de calmar las discusiones familiares y generar un ambiente más armonioso. Los expertos en resolución de conflictos podrían ser clave para evitar que las tensiones afecten el diálogo político. La mediación familiar y la mediación política podrían ir de la mano en esta situación complicada.
Es importante recordar que las decisiones sobre el CGPJ y la política interna de España son competencia exclusiva de los españoles y sus instituciones. La intervención de la Comisión Europea debe ser cuidadosamente evaluada y no debe establecer un precedente peligroso para la soberanía del país. La opinión pública espera que los partidos constitucionalistas consideren todas las implicaciones antes de tomar una decisión definitiva. La estabilidad y la armonía política son fundamentales para el desarrollo adecuado de cualquier sociedad democrática.
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