La propuesta de reforma para eliminar el término «disminuidos» de la Constitución de España ha generado un debate sobre la forma en que nos referimos a las personas con discapacidad y cómo construir una sociedad más inclusiva y respetuosa.
El problema radica en el uso del término «disminuidos», considerado despectivo y recomendado eliminar por el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La reforma presentada por el PSOE y el PP busca reemplazar el término «disminuidos» por «personas con discapacidad», más respetuoso y acorde con los principios de inclusión y no discriminación.
Este cambio va en línea con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008, que busca promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.
Eliminar el término «disminuidos» significaría un avance en la lucha contra el estigma y la discriminación hacia este colectivo, y promovería su plena integración y participación en la sociedad.
Sin embargo, hay quienes argumentan que el término «disminuidos» no es necesariamente despectivo, sino una forma de describir una condición física, sensorial o psíquica.
También existe preocupación de que el cambio de terminología pueda tener implicaciones legales y de protección social para las personas con discapacidad.
En definitiva, esta reforma plantea un debate necesario sobre cómo nos referimos a las personas con discapacidad y cómo construir una sociedad más inclusiva y respetuosa con sus derechos. El término que se utilice puede tener un impacto significativo en la percepción y valoración de estas personas.
Además, esta discusión también se extiende a otros ámbitos, como la legislación y la terminología utilizada en otros documentos y políticas públicas relacionadas con las personas con discapacidad.
En conclusión, la propuesta de eliminar el término «disminuidos» de la Constitución refleja la importancia de utilizar un lenguaje inclusivo y respetuoso hacia las personas con discapacidad. Este cambio busca promover la igualdad de oportunidades y la plena participación de este colectivo en todos los ámbitos de la sociedad. Sin embargo, también ha generado debate y preocupación sobre las implicaciones legales y sociales que pueda tener.
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