El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha criticado duramente el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Junts durante el pleno del miércoles para convalidar los decretos impulsados por el Ejecutivo. García-Page ha censurado expresamente el pacto en materia de inmigración y la «delegación de competencias» a la Generalitat.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha insistido en que el acuerdo se llevará a cabo mediante el desarrollo de una ley orgánica para poder hacer esa «delegación de competencias» en materia de inmigración. Por su parte, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha señalado que lo pactado con las formaciones independentistas es replicable al resto de comunidades.
Sin embargo, García-Page se muestra en contra del pacto y lo ha calificado de «mercadeo de último minuto», criticando ceder competencias en materia de migración a un «partido supremacista» y «xenófobo».
Además, el presidente del Gobierno y el resto de miembros del Consejo de Ministros se han reunido en Toledo en un encuentro «informal» para discutir la «puesta en común, hitos y prioridades» del Ejecutivo. Esta reunión ha sido cuestionada por García-Page, quien se pregunta hacia dónde conduce este laberinto y si hay o no salida.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha optado por no entrar en debate con García-Page y ha explicado que las críticas no pueden centrarse únicamente en la cuestión «fronteriza».
Por otro lado, Junts se ha abstenido en los decretos discutidos por el Congreso y se ha alcanzado un acuerdo in extremis. El Govern asegura que el traspaso de competencias en materia de migración es solo una delegación de «funciones» y no un traspaso real.
A pesar de esto, aún existen dudas sobre cómo se llevará a cabo el acuerdo sellado entre ambas formaciones.
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