El gobierno francés, encabezado por el primer ministro Gabriel Attal, ha anunciado la inclusión del principio de «soberanía alimentaria» en la legislación del país. Esta medida busca salvaguardar la independencia de Francia en materia de producción y distribución de alimentos.
En línea con esta postura, Francia ha rechazado un acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, respaldado por el presidente Emmanuel Macron. Esta decisión se basa en la preocupación del gobierno francés por el impacto negativo que el acuerdo podría tener en su sector agrícola.
Además, el gobierno francés ha anunciado que dejará de imponer regulaciones más estrictas a los agricultores que las exigidas por la Unión Europea. Esta medida busca facilitar el trabajo de los agricultores y permitirles competir en igualdad de condiciones con otros países europeos.
Para garantizar la seguridad de los alimentos que se importan a Francia, se intensificarán los controles de seguridad. Especialmente se pondrá atención en la presencia de pesticidas prohibidos tanto en Francia como en la Unión Europea. Esta medida pretende proteger la salud de los consumidores y garantizar que los alimentos cumplan con los estándares de calidad exigidos.
En línea con esta política, Francia prohibirá la importación de frutas y hortalizas tratadas con el pesticida tiacloprid de Bayer. Esta sustancia ha sido considerada nociva para el medio ambiente y para la salud humana, por lo que su prohibición busca salvaguardar la seguridad alimentaria de los ciudadanos franceses.
Adicionalmente, se evaluará la eficacia de una ley de precios justos de los alimentos y el proceso de negociaciones anuales con las minoristas. Esta medida tiene como objetivo garantizar que los agricultores reciban un precio justo por sus productos y no se vean perjudicados por prácticas comerciales abusivas.
Sin embargo, estas medidas han generado descontento en el sector agrícola. Los agricultores han realizado bloqueos y protestas tanto en Francia como en Bruselas para expresar su descontento. Consideran que estas políticas pueden perjudicar su rentabilidad y poner en riesgo su sustento.
En conclusión, Francia ha adoptado una postura de defensa de su soberanía alimentaria, rechazando acuerdos que considera perjudiciales para su sector agrícola. Aunque estas medidas buscan garantizar la seguridad y calidad de los alimentos, han generado controversia y protestas en el sector agrícola.