El sector agrícola en Alemania se ha convertido en un desafío para la coalición gubernamental formada por socialdemócratas, verdes y liberales. Desde el pasado 15 de noviembre, se han llevado a cabo manifestaciones masivas, bloqueos de carreteras y concentraciones frente a la emblemática Puerta de Brandeburgo en Berlín. Todo comenzó cuando el Tribunal Constitucional declaró ilegal el uso de fondos destinados a combatir la crisis del coronavirus para financiar proyectos de protección del clima.
Esta decisión provocó una crisis en las cuentas públicas, ya que se descubrió un agujero de 60.000 millones de euros, lo cual llevó al Gobierno a reestructurar los presupuestos y recurrir al endeudamiento. Los ajustes implementados se han centrado en recortar ayudas poco relacionadas con el clima, especialmente en el sector del transporte.
Sin embargo, los agricultores se han opuesto firmemente a estas medidas. En concreto, se oponen a la eliminación de la exención del impuesto a los vehículos y a las subvenciones para el diésel agrario. Su descontento se hizo patente en la primera gran manifestación que tuvo lugar el pasado 18 de diciembre en la Puerta de Brandeburgo, donde exigieron la salida del Gobierno de coalición.
Aunque el ministro de Agricultura, Cem Özdemir, mostró su apoyo al sector, las medidas del Gobierno fueron consideradas insuficientes. Además, se ha denunciado la infiltración de grupos radicales y se han registrado intentos por parte de los conservadores de aprovechar políticamente el conflicto.
Ante esta situación, el presidente de la Asociación Alemana de Agricultores ha intentado desvincularse de los grupos radicales y ha llamado a evitar actos vandálicos. La tensión en el sector agrícola se mantiene y se espera que continúen las protestas y acciones de rechazo a las políticas del Gobierno en los próximos meses.
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