El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha solicitado permiso al Tribunal Supremo para llevar a cabo el espionaje del teléfono móvil del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, utilizando el software Pegasus. Según los servicios secretos, Aragonès estaría coordinando las acciones de los Comités de Defensa de la República (CDR) en Cataluña en la clandestinidad.
El Gobierno ha desclasificado parcialmente los documentos sobre el espionaje a Aragonès, sin embargo, estos están llenos de partes eliminadas y páginas tachadas, lo que genera dudas sobre la transparencia del proceso. Además, la exdirectora del CNI, Paz Esteban, será interrogada como investigada debido a la querella presentada por Aragonès en relación al caso de espionaje con Pegasus.
Se ha autorizado un total de tres ataques con este software malicioso: uno en julio de 2019 y dos prórrogas en octubre de 2019 y enero de 2020. El CNI sospechaba que Aragonès ejercía funciones de coordinador de los CDR desde la clandestinidad, además de su papel institucional como vicepresidente de la Generalitat.
En su querella, Aragonès detalla tres ataques a su móvil en enero de 2020, pero un informe pericial amplió el período en el que el teléfono pudo estar infectado desde julio de 2018 hasta marzo de 2020. Esta situación ha generado preocupación y controversia, ya que se cuestiona la legalidad y proporcionalidad de estas acciones.
El caso del espionaje a Aragonès con Pegasus ha desatado un debate sobre la privacidad y la seguridad de las comunicaciones en España. Se espera que las investigaciones esclarezcan los hechos y se tomen las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En el contexto actual, donde la ciberseguridad se ha convertido en una preocupación global, es importante analizar cuidadosamente los métodos utilizados por los servicios de inteligencia y garantizar la protección de la privacidad de los individuos, incluso en casos relacionados con la seguridad nacional. Esta noticia ha despertado el interés y la atención de la opinión pública y se espera un seguimiento detallado por parte de los medios de comunicación.
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